Confieso que el conflicto del AVE y del soterramiento en Murcia se ha convertido en tal galimatías de
proyectos, modificados, complementarios, planos e informes que cuesta discernir con
claridad y separar la broza de la mata. Cada día se enrevesa más. Así funciona el "SISTEMA" y su legión de técnicos, abogados, leyes y normativa. Solo en proyectos e informes de las obras del AVE a Murcia llevamos gastados 4,4 millones de euros y no se ha puesto ni un solo kilómetro de vía según denuncia la edil Ángeles Micol que confía en que la fiscalía tome cartas en el asunto. Demasiado dinero gastado solamente en papeles.
 |
| FOTO AGENCIA EFE |
El Colectivo Jurídico las Vías acaba de impugnar las obras de llegada del AVE en superficie a Murcia ante la Audiencia Nacional por carecer de Declaración de Impacto Ambiental y por vulneración de los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y el derecho a la vida y a la salud. Tratan de paralizar las obras de llegada del AVE en superficie como intentó en su día el fiscal Díaz Manzanera con un recurso que fue rechazado al no ser considerado “parte legitimada” para recurrir. En contra de lo que se ha dicho, el tribunal no entró en el fondo del asunto.
El fiscal consideró en su día, tras analizar distintos informes periciales, que lo proyectado y evaluado en 2009 solo coincidía en un 18% con el soterramiento parcial adjudicado a ALDESA en 2014 y, por tanto, la declaración de impacto ambiental no podía ser la misma porque las afecciones ambientales eran diferentes. Una tesis del fiscal que comparten los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia (no consta que hayan cambiado de opinión) según el informe de 24 de julio de 2015 que sirvió de base para la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte del Ayuntamiento de Murcia precisamente contra las obras que ahora está acometiendo ALDESA. Recurso del consistorio que sigue abierto en la Audiencia Nacional. Eso sí, el Ayuntamiento de Murcia lo interpuso obligado por una moción de pleno de todos los grupos en la oposición que, por supuesto, contó con el voto en contra de todo el equipo de gobierno del PP liderado por José Ballesta. La prioridad en 2014 era el soterramiento integral de las vías, pero tras las eleciones de 2015 lo prioritairo pasó a ser la llegada del AVE, algo que ya ni se molestan en disimular.
 |
| Informe Servicios Jurídicos Ayuntamiento Murcia |
Conviene recordar que para la Fiscalía "no podía prevalecer sobre la protección del medio ambiente el derecho de la región a contar con las mejores comunicaciones ferroviarias". El fiscal tampoco consideró en su recurso que debieran prevalecer los intereses de ADIF o de la empresa adjudicataria -Aldesa Construcciones S.A.-, todos muy respetables, sobre los de todos los ciudadanos y “para evitar un daño prácticamente irreparable, o a un altísimo coste para el conjunto de los ciudadanos sobre los que terminaría repercutiéndose” pidió la paralización cautelar de las obras.
Lo que ha hecho ahora el
citado colectivo de abogados impugnando la obra ante la Audiencia Nacional es recoger el testigo del fiscal para intentar que el AVE llegue completamente
soterrado como se acordó en 2006; exactamente lo que
los vecinos vienen exigiendo desde hace años solo que con más intensidad desde que a mediados de septiembre de 2017 empezaron a colocar el muro y a un anciano le dijeron "si no puedes entrar de frente, entra de lado" con la señal del muro a 80 centímetros de la puerta de su casa. Los vecinos piden que se cumpla lo
pactado y lo pactado no era un AVE en superficie, era un tren
soterrado.
DUDAS LEGALES SOBRE LA DIA. Desde la plataforma del soterramiento aseguran insistentemente que el proyecto de obras que está acometiendo ALDESA carece de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque la de 2009 correspondiente al proyecto de soterramiento integral caducó en 2014 según la documentación del ministerio de Medio Ambiente. Así lo denunciaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre.
Desde ADIF sostienen que sigue en vigor la DIA porque la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental prorroga su validez durante seis años más siempre y cuando el proyecto haya comenzado a ejecutarse antes del 12 de diciembre de 2019. Y se remite a un informe de la abogacía del Estado que convendría que facilitaran porque, al parecer, también dice que "la prorroga es válida en el caso de que no se hubiesen producido cambios sustanciales en los elementos esenciales del proyecto que sirvieron de base para la evaluación ambiental original". Y ahí radica la cuestión: que ADIF no considera que haya cambios sustanciales y el fiscal, los vecinos y los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia consideran que sí existen cambios sustancianes entre lo evaluado y proyectado en 2009 que el tren llegaba mayormente soterrado y lo que se está ejecutando que trae un AVE en superficie con una catenaria de 25.000 voltios a escasos metros de viviendas. Cuesta entender que no haya nueva afectación ambiental por ruido y vibraciones.
Y hay otra derivada en todo este asunto. No hay ninguna duda de que las obras de llegada del AVE en superficie han comenzado a ejecutarse, pero del soterramiento integral aún no hay proyecto. Anunciaron el proyecto del soterramiento El Carmen-Barriomar para diciembre de 2017 y su licitación y primavera y seguimos sin verlo. Si damos por válido lo que ADIF y la abogacía del Estado esgrimen, los vecinos temen que si no está en ejecución toda la obra (desde Senda los Garres hasta Barriomar) antes del 12 de diciembre de 2019, la prorroga de la DIA habrá expirado y habría que volver a empezar toda la tramitación ambiental retrasando sine die el soterramiento integral prometido. La plataforma vecinal sospecha que el ministerio de Fomento podría estar preparando la justificación perfecta para no acometer una obra cuyo coste económico estiman en 600 millones de euros y que finalmente solo hayan soterrado la voluntad popular. En realidad, ningún vecino al sur de las vías cree que el ministerio de Fomento vaya a invertir en la región de Murcia tal cantidad de millones. Murcia, recuerden, es una región donde la ejecución presupuestaria del Estado no supera el 30%. El presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción -FRECOM-, Luis Fernández lo ha descrito de una manera grafica "lo que pasa es que venden la misma burra todos los años".
DUDAS LEGALES SOBRE EL MODIFICADO Y EL COMPLEMENTARIO. ADIF dice ahora (así ha respondido al Parlamento Europeo) que ese tramo de vía por donde entrará el AVE en superficie “no es vía nueva” a efectos de evaluación ambiental, pero "es vía nueva” a efectos de seguridad ferroviaria lo que obliga a cerrar el paso a nivel de Santiago el Mayor y a instalar una incómoda pasarela peatonal durante no se sabe cuántos años. Los vecinos explican que ADIF no puede admitir que es vía nueva a todos los efectos (también ambientales) porque eso le obligaría a hacer una Declaración Ambiental nueva y el AVE no estaría antes de las elecciones de 2019. Por otra parte, según la información del periódico digital El Independiente titulada "ADIF mintió a la UE para inaugurar el AVE a Murcia antes de las elecciones de 2019", tampoco puede reconocer que es "línea nueva porque tendría que haber relicitado varios tramos de las obras de acuerdo con la Ley de Contratos", es decir, que el modificado y el complementario que ADIF aprobó en octubre de 2017 para que la empresa ALDESA pueda alargar otros 500 metros el soterramiento hasta Senda de los Garres tendrían que haber salido a concurso público.
Expertos consultados sostienen que el modificado y el complementario (ampliación el soterramiento hasta Senda de los Garres, pasarela y vía nueva para hacer llegar el AVE) deberían haber sido objeto de una nueva licitación según el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público al no tratarte de una causa sobrevevenida e imprevista. El soterramiento integral hasta Senda de los Garres, desde luego, no puede ser considerado un imprevisto sobrevenido porque era lo acordado y previsto desde 2006.
La credibilidad, que según Juan Bravo se "gana centímetro a centímetro pero se pierde metro a metro", sigue decantada del lado de los vecinos que no se oponen al AVE, nunca lo han hecho, lo único que exigen es que se cumpla la ley y, sobre todo, que se cumpla lo pactado en 2006. Un cuarto de la población del municipio de Murcia, 113.000 vecinos, no puede estar equivocada. Tampoco puede ser ignorada, engañada, multada, ninguneada e insultada. Si no entendemos eso es que no entendemos en qué consiste un SISTEMA DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO.